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Acorralado por la incontenible ola de manifestaciones opositoras, el gobierno de Nicolás Maduro prorrogó por séptima vez el “estado de excepción y de emergencia económica”, con el que podrá restringir las garantías constitucionales en todo el territorio nacional.

La medida apunta directamente contra las masivas protestas que se vienen intensificando desde el 1° de abril pasado, y que ya dejaron 46 muertos. El argumento del oficialismo es que se dan “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan el orden constitucional, la paz social y la seguridad de la Nación”.

Maduro amplía el estado de excepción para frenar la ola de manifestaciones

Opositores al gobierno durante las marchas de hoy. REUTERS

Esta situación, sostiene el decreto, es producto de “ la campaña contra la Patria” que vienen desarrollando “sectores políticos opositores, con apoyo de vocero se instituciones extranjeras”.

También apunta directamente contra el Parlamento, ganado por la oposición en las elecciones de hace año y medio: “La mayoría circunstancial de diputados a la Asamblea Nacional, ha efectuado una serie de actos fraudulentos y simulaciones de situaciones jurídicas para engañar a la comunidad nacional e internacional”, afirma el documento.

 El decreto, publicado el 13 de mayo pasado y difundido ayer, le permite a Maduro “adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida”.

A diferencia de las normas emitidas anteriormente, en este caso el mandatario no necesita consultar al Parlamento, sino que pasa directamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que responde directamente al gobierno. Cuando publicó la excepción política y económica la primera vez, en enero de 2016, la Asamblea Nacional la había rechazado.

Maduro amplía el estado de excepción para frenar la ola de manifestaciones

El presidente Nicolás Maduro con la Constitución en la mano. El país está sumergido en una espiral de violencia. EFE

Lo más grave del actual decreto es que le da al Poder Ejecutivo la capacidad de restringir las garantías constitucionales de los ciudadanos. El gobierno, determina, “podrá diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.

Para la oposición, es una manera de dar mayor poder a las fuerzas de seguridad. A partir de ahora la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Bolivariana tendrán toda la protección legal necesaria para disolver cualquier tipo de protesta o reprimir con mayor violencia.

En el aspecto económico, el decreto le da atribuciones al gobierno para disponer de recursos sin control del Parlamento, y también de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento. Además, podrá restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.

Si bien el gobierno apunta a utilizar estas herramientas para tratar de combatir la escasez de productos de primera necesidad y la insólita inflación que soporta el país -este año superará el 700%-, la mayoría de los economistas considera que son medidas desesperadas que no resolverán el desabastecimiento.

Maduro amplía el estado de excepción para frenar la ola de manifestaciones

Un destacamento de Policía incendiado hoy en la ciudad de Palmira, Venezuela. REUTERS

Pese al endurecimiento del gobierno, la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) llamó a una nueva manifestación para esta noche en Caracas y otras ciudades.